Autor:  Antonio Contreras, Estudiante de Derecho

Primero, aclaraciones básicas. El servicio de taxi en Costa Rica, es un servicio público, en ese sentido le corresponde al Estado la satisfacción del mismo, para lo cual el Estado ha utilizado una figura legal que se llama concesión.

Esta concesión es una especie de permiso que el Estado da en forma individual o en forma colectiva a conductores que cumplen una serie de requisitos descritos en la Ley, para que éstos puedan prestar este servicio en forma directa y puedan lucrar con ello. Por consiguiente, no cualquier conductor puede ser taxista ni todo vehículo puede ser taxi, al menos no de forma legal.

Respecto de Über, sabemos que es una agrupación que reúne a conductores y vehículos con ciertas calificaciones, a los cuales “afilia” y los incluye en una plataforma informática que funciona como red de conexión entre los usuarios y los afiliados, todo ello con el fin de brindar el servicio que otrora dan los taxis formales.

¿Cuál es el problema? El problema radica en que todas las gestiones de Über se desarrollan al margen de la Ley que regula la prestación del servicio, pues claro está que Über no cuenta con la concesión por parte del Estado para prestar el servicio, ni tampoco está comprometido en ningún sentido con la Hacienda pública ni con los requisitos de Ley en esta materia. (Seguros de accidentes, pólizas etc..)

Esto, además de ser un problema de legalidad, es un problema de mercado, pues según los taxistas formales, la existencia de Über en Costa Rica amenaza su estabilidad económica como concesionarios legítimos y exclusivos de la prestación del servicio; por esta razón su protesta está enfocada en exigirle al Gobierno su intervención al respecto y el eventual boqueo de la aplicación en Costa Rica.

Ahora bien, después de esta rápida descripción del problema, quiero hacer énfasis en algunos comentarios que he escuchado al respecto. Para ello quiero enumerar los siguientes enunciados:

Primero, no todos los taxistas rojos son malas personas, ni todos alteran “la maría”. Es un error radicalizar la posición en esa generalidad. Pues claramente las conductas denunciadas por los usuarios sí ocurren, pero, también hay buenas personas conduciendo taxis rojos, en lo personal, me consta.

Segundo, no todo lo de Über es maravilloso. ¿Qué pasa si uno tiene un accidente utilizando el servicio de Über, te cubre algún seguro o póliza especial especial? No. ¿tenés la garantía de que el vehículo que te lleva al lugar de destino está en buenas condiciones como para prestar el servicio? No. ¿Es justo que los taxistas rojos si tengan que pagar impuestos/tasas que contribuyan a la hacienda pública y los de Über no? No, no es justo.

Tercero, y es algo común en redes sociales “Que les quiten la concesión a esos vagos (taxistas rojos) que no quieren trabajar y solo bloquean calles” ¿Realmente esa es la solución? No, porque se las quitan a esos y se las entregarán a otros que eventualmente tendrán la misma queja respecto a Über.

Entonces, ¿Qué hacemos para tratar de corregir esta situación? Simple. En su humilde criterio, quien escribe considera que el Estado debería en cierta medida “liberar” la prestación del servicio, sin que esa liberación implique una desregulación total del mismo. Esto es en castellano, que el Estado debería eliminar la rigurosidad normativa que regula el servicio, permitiendo que cualquier conductor con licencia vigente, con un vehículo en buenas condiciones, se le otorgue concesión para preste el servicio de trasporte privado de personas.

Claramente, a lo anterior habría que añadirle como requisitos fundamentales para ser acreedor de dicha concesión. Primero, el haber suscrito un contrato de seguros con alguna compañía competente (que dicho seguro cubra objetivamente la actividad riesgosa y los daños que eventualmente puedan ocurrir) Segundo, el estar inscrito como asegurado voluntario en la Caja Costarricense del Seguro Social y por último, el estar inscrito como “taxista independiente” ante el Ministerio de Hacienda. (En este último caso es necesario crear esa figura de contribuyente).

En ese orden, se acabarían las riñas entre los que protegidos por la regulación brindan un mal servicio y los que brindan buen servicio pero no cumplen con las obligaciones de Ley.

En cuanto a la cantidad de taxistas,  no debe haber un tope máximo, que sea la oferta y la demanda las que se encarguen de controlar ese aspecto.

Esta demás mencionar que las tarifas igualmente estarán controladas por ARESEP. Recordemos que lo principal en este tema, es el bienestar de quienes en amparo de su libertad  usan y prestan el servicio, es decir, los consumidores y los trabajadores, estos últimos en un trato igualitario y en libre competencia, sean de Über o no.

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Antonio Trana Contreras

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